Píldoras sobre crédito al consumo (II). La evaluación de solvencia.

La evaluación de solvencia en el crédito al consumo.

Salvo que alguien me corrija y al margen de lo que se exponía en MIFID, la Ley de contratos de crédito al consumo (en adelante LCCC) fue pionera ¡En el año 2011! en la imposición a las Entidades la obligación de evaluar la solvencia del prestatario antes de la concesión del préstamo. De esta forma el artículo 14 señala:

“El prestamista, antes de que se celebre el contrato de crédito, deberá evaluar la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente obtenida por los medios adecuados a tal fin, entre ellos, la información facilitada por el consumidor, a solicitud del prestamista o intermediario en la concesión de crédito. Con igual finalidad, podrá consultar los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, a los que se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en los términos y con los requisitos y garantías previstos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo.

En el caso de las entidades de crédito, para la evaluación de la solvencia del consumidor se tendrán en cuenta, además, las normas específicas sobre gestión de riesgos y control interno que les son aplicables según su legislación específica.”

En realidad a nadie se le escapa que esto ya lo hacían las Entidades de Crédito, principalmente por aquello del control de la carga de riesgo, aunque a raíz de la nueva LCCC, estas actuaciones deben ser acreditadas.

En este sentido existen resoluciones que indican que no es suficiente evaluación la mera manifestación del cliente sobre sus ingresos, cargas, etc. Bajo mi punto de vista puede no ser suficiente pero, ¿Qué responsabilidad queda para el consumidor que no revela de forma exacta su situación patrimonial? Ninguna.

Responsabilidad por la deficiente evaluación de la solvencia.

En países de nuestro entorno como Francia, el inadecuado estudio por parte de la Entidad supone convertir el contrato en un préstamo gratuito. Por su parte en España dichas actuaciones pueden suponer infracciones de la Ley General para la defensa de consumidores y usuarios castagadas con hasta 601.000 €.

Si es suficiente o no se lo dejo a su criterio personal. El mío lo tengo claro.

En definitiva la adecuada evaluación de la solvencia del prestatario es un factor necesario que, por una parte, deermina un adecuado control del riesgo por la Entidad y una práctica de crédito responsable y, a su vez, una previsión del sobreendeudamiento del consumidor.

Recuerden, esto son pequeñas píldoras, pero estoy abierto a cualquiera de sus comentarios.

Acerca de Nacho San Martin

Soy abogado, de los que están al otro lado de muchos de vosotros. Abogado de empresa... pero sigo siendo abogado igualmente. Me gustan muchísimas cosas, así que, quizá deje que vuelen por aquí al margen del Derecho. Tengo una máxima, una del gran Vince Lombardi: "Los momentos más oscuros de nuestras vidas no deben ser ni enterrados ni olvidados; más bien son un recuerdo que debe permanecer para servir de inspiración y recordarnos la fortaleza del espíritu humano y nuestra capacidad para soportar lo intolerable."
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