Pruebas difíciles… O cómo acreditar que no eres un consumidor

Definición de consumidor.

Ni siquiera creo que haya que entrar a definir consumidor a estas alturas. No obstante, la modificación de marzo de 2014 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios de la que ya hablamos en otro post (ver aquí sobre la regulación de los servicios de atención al cliente), lo define como “las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.”, definición que modifica la antigua redacción que decía aquello de “A efectos de esta norma, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.”

Se pueden ver las diferencias… Persona jurídica y actividad comercial, empresarial, oficio o profesión frente al ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.

Pero en realidad, a efectos de lo que nos interesa ahora, las diferencias no son muy grandes.

Supuestos de discusión de la condición de consumidor.

De forma breve podemos diferenciar varios supuestos que pueden generar dudas (aunque en muchos casos los Tribunales han resuelto al respecto) cuando estamos ante contratos de préstamo al consumo para la adquisición de bienes o servicios (contratos vinculados siempre que concurran todas las condiciones del artículo 29 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo):

  • Cuando un tercero asume la condición de prestatario con la Entidad de Crédito y hay otro titular del bien o servicio adquirido y no interviene en la relación con dicha Entidad.
  • El propósito con el que actúa el cliente, es decir, si el bien que adquiere es para uso personal o está ligado a su oficio, actividad profesional, etc.

Hay más y los desarrollo en el libro que pronto se editará, pero quiero centrarme únicamente en si la actuación de, en este caso, el prestatario en un contrato de crédito al consumo, se enmarca dentro de su ámbito profesional. Y concretamente en la dificultad de acreditar la “sospecha” a la que se enfrenta la Entidad de Crédito… o la imposibilidad casi siempre para probarlo.

Indicios, casi siempre indicios.

En este tipo de procedimientos en el interrogatorio de parte el prestatario ya es muy consciente que no puede decir que lo que ha adquirido, en caso de contratos vinculados, o que su propósito a la hora de solicitar un préstamo ha estado relacionado con su profesión. Lo sabe y, si adaptamos la cita, “A Dios pongo por testigo que mi defendido nunca dirá eso”.

Tómenlo como una broma y no como el rechazo a esa figura de las películas de abogados americanos en los que hay un equipo multidisciplinar de abogados especializados en el alegato final, en la preparación de testigos…

Tómenlo como una broma y no como el rechazo a esa figura de las películas de abogados americanos en los que hay un equipo multidisciplinar de abogados especializados en el alegato final, en la preparación de testigos…

La cuestión es que es muy raro encontrarte con un piloto profesional que te diga abiertamente que por supuesto, que ha solicitado un préstamo porque necesitaba renovar su juego de cascos (vale, no puedo evitar meter algo de motos en cada post. Intentaré enmendarlo).

Llegados a ese punto sólo quedan los indicios, pero créame que es extremadamente difícil conseguir acreditarlo… aun en casos que puedan parecer flagrantes.

El artículo 386 de la LEC nos dice que el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo. Pero ¿Cómo convencer a un Tribunal de algo que se niega tajantemente de contrario, en un procedimiento en el que existe a priori un desequilibrio de poder entre las partes y cuyo punto de partida es la relación entre, por ejemplo la profesión del consumidor y el bien adquirido?

Sospecho, luego existo... ¿O no era así?

Sospecho, luego existo… ¿O no era así?

El último ejemplo que he vivido era para mí bastante claro (no para S.Sª que no me dio la razón y hay que respetarlo aunque no guste). Me enfrento a un demandante que, además, es también abogado y que solicita en su calidad de “consumidor” una determinada pretensión que no viene al caso. Adquirió unos equipos informáticos y los financió mediante un préstamo vinculado a dicha compra (incluso en Sala estaba con uno de los equipos comprados, una tableta concretamente).

En el interrogatorio reconoce que sólo usa en su actividad profesional esa marca informática, que el domicilio que figura en la factura (curioso lo de tener factura y no simplemente el ticket de compra que ejerce igualmente como garantía) es el mismo que su domicilio fiscal (no personal) pero por supuesto, que en ningún caso esos dispositivos estaban destinados a su uso profesional, sino a el uso diario familiar. Y aquí se acaba la historia. Poco queda que hacer salvo confiar en que S.Sª considere la existencia de un “enlace directo· entre equipos informáticos, de la misma marca que reconoce que usa la otra parte, que los domicilios coinciden y van dirigidos a un fin (la desgravación de dichos aparatos informáticos en su declaración de IVA e IRPF) y…. Y todo eso incline la balanza hacia el lado contrario al que afirma, negando la finalidad profesional, el demandante. Pero no.

En líneas generales y para concluir, es muy difícil acreditar que el consumidor no actúa con fines relacionados con su profesión. La prueba, aunque quizá no diabólica, es según los casos, ciertamente difícil. Ejemplos hay de todo tipo, pero son interesantes algunas Sentencias dictadas cuando en su día se produjo la crisis de las academias Opening; la Sentencia 199/2006 de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Valencia y la 404/2003 de 22 de septiembre de la Audiencia Provincial de Baleares.

La primera señala que “Sobre esta cuestión, el recurso alude a dos alumnos concretos, D. Pedro Jesús y Dª Victoria, para negar a sus contratos de financiación la aplicación de la Ley de Crédito al Consumo, porque teniendo una profesión (camarero y documentalista, respectivamente) el curso no quedaba “al margen de su actividad profesional”, no habrían actuado “con propósito ajeno a su actividad empresarial o profesional” (artículo. 1, números 1 y 2 ). Pero, de una parte, esto es una suposición, y de otra, hay que entender que la Ley se refiere a la obtención de financiación para invertir directamente en la empresa o profesión, no en hipotéticas expectativas de futuro.”

Y por su parte la segunda, de forma más genérica indica que “siguiendo el criterio finalista de la Directiva, es irrelevante que el deudor del crédito sea un consumidor en sentido estricto o sea un empresario o profesional. El elemento diferenciador es que actúe para satisfacer sus necesidades personales y, por tanto, con propósito ajeno a su hipotética actividad profesional o empresarial.”

Espero poder encontrarme con alguna situación en la que al contrario “se le escape” o que S.Sª sobre la base de la prueba indiciaria acabe diciendo que, efectivamente, no será aplicable la LGDCU por no estar ante un consumidor… aunque luego el resultado sea el mismo; porque como ya saben ustedes, en este caso, S.Sª y yo también llevamos un seleccionador dentro… y con sistemas de juego distintos.

Acerca de Nacho San Martin

Soy abogado, de los que están al otro lado de muchos de vosotros. Abogado de empresa... pero sigo siendo abogado igualmente. Me gustan muchísimas cosas, así que, quizá deje que vuelen por aquí al margen del Derecho. Tengo una máxima, una del gran Vince Lombardi: "Los momentos más oscuros de nuestras vidas no deben ser ni enterrados ni olvidados; más bien son un recuerdo que debe permanecer para servir de inspiración y recordarnos la fortaleza del espíritu humano y nuestra capacidad para soportar lo intolerable."
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