Protección de datos: Las actuaciones previas en los procedimientos sancionadores (antiguo)

Un post antiguo, el primero que escribí hace ya tiempo, y que aun agradezco a Gontzal Gallo que lo publicara en su blog “Entre Códigos Civiles y Androides” (http://gontzalgallo.com/). Algún día conseguiré ponerme a actualizar este post.


Límites a las actuaciones previa en el RLOPD: ¿Ventaja o arma?

Cuando entra en vigor el Real Decreto 1720/2007 que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, además de culminarse (con mayor o menor fortuna) el anhelo reglamentario que muchos esperábamos, se introducía un artículo que me llamó poderosamente la atención. Se trataba del 122.4 e incorporaba la limitación de duración en las diligencias de investigación que lleva a cabo la AEPD y que finaliza en el archivo de las mismas o en la apertura de un Procedimiento Sancionador:

“4. Estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce meses a contar desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que se refiere el apartado 2 hubieran tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos o, en caso de no existir aquéllas, desde que el Director de la Agencia acordase la realización de dichas actuaciones.

El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas.”

Salvo error por mi parte, en los borradores que se fueron conociendo del RD no existía esa disposición que se introdujo en la versión final para tratar de limitar las disfunciones que a todos los intervinientes, administración y ciudadano, provocaban unas actuaciones previas que podían llegar a alargarse durante más de dos años… o quizá fue introducida ante el peligro de generalización de Sentencias como la dictada por la Audiencia Nacional en el Recurso 180/2006 el 17 de octubre de 2007.

Pongámonos en situación. Durante el año 2006, entre la entrada de una denuncia en la AEPD y la incoación del procedimiento sancionador transcurrían una media de 428 días. Es decir, desde que el supuesto infractor recibía la correspondiente solicitud de información hasta que conocía si se iba a proceder a la apertura de un procedimiento sancionador pasaba fácilmente más de un año (en el caso de la Sentencia citada transcurrieron 357 días entre la presentación de la denuncia y la incoación del PS).

La AN plasma en su Sentencia un duro reproche a la forma en la que hasta ese momento se estaban tramitando las actuaciones previas abriendo una brecha que fue repetida posteriormente en otras Resoluciones señalando lo prolongado de las actuaciones para unas diligencias de investigación cuya complejidad no justificaba la duración.

Aunque de acuerdo con el fondo, si bien es expuesto incluso con excesiva crudeza por la AN, no era la primera vez que sucedía y tampoco fue la última. No obstante, a pesar de diferentes Sentencias que fueron dictadas en esta misma línea hay que aplaudir, por sorprendente, el razonamiento que, por parte de la Abogacía del Estado, provocó la ruptura de esta línea doctrinal y que no fue otra que la certificación del número de asuntos entrantes en la AEPD en relación con el aumento de efectivos de dicho organismo que “acreditaba la falta de mala fe y de uso espurio de las diligencias de investigación, siendo el elevado tiempo de tramitación la carga de trabajo existente en la Agencia” acompañando la Memoria del Defensor del Pueblo que advertía sobre el crecimiento de los asuntos que ingresaban en la AEPD.

¿A quién beneficiaría según la media de tiempo de tramitación la aparición del artículo 122.4 del Reglamento?

Estos tiempos, junto con la evolución de entradas de PS y en relación con los efectivos existentes en la Agencia es el siguiente tomando en cuenta los datos sobre número de PS y efectivos existentes en la AEPD extraídos de las Memorias Anuales de la Agencia disponibles en su página Web www.agpd.es y de un estudio realizado sobre 360 procedimientos de los que se ha estudiado el tiempo (en días) transcurrido entre la presentación de la denuncia y la apertura del PS que figura en las resoluciones estudiadas:

tiempos AEPDSegún las cifras anteriores, a la entrada en vigor del Reglamento, es decir en 2008, parecía evidente que los supuestos infractores iban a salir beneficiados de la medida introducida en el Real Decreto.

A primera vista la AEPD podía encontrarse ante un serio problema puesto que aparentemente no resultaba sencillo que la se consiguiera reducir la media de 428 días en 2006 y 579 días en 2007 que tardaba en finalizar las diligencias de investigación y abrir el correspondiente procedimiento sancionador.

Así tomando los datos hasta el año 2010 que es la última Memoria publicada, podemos observar que desde el año 2006 el promedio de días hasta la apertura del procedimiento sancionador ha disminuido un 33%, los PS tratados han aumentado un 155% y los efectivos con los que cuenta la AEPD se han incrementado en el 56%.

Lo cierto es que observando detenidamente las cifras anteriores parece que la AEPD ha conseguido optimizar el tratamiento de las denuncias recibidas hasta la apertura de los PS correspondientes… ¡A la fuerza ahorcan! Pensarán algunos; no parecía sostenible para el interés público y para la propia AEPD que plenamente vigente el Reglamento de desarrollo de la LOPD pudieran marcharse al “limbo del archivo por caducidad” un enorme porcentaje de denuncias… pero hay más detrás de todo ello.

Una de los argumentos que citaba la AN en la Sentencia antes transcrita era “la poca dificultad” del procedimiento objeto del pronunciamiento y ese precisamente es uno de los factores que deben tenerse más en cuenta.

En 2009 el 32% de los PS estudiados tenían relación con la infracción del principio de calidad del dato; el 40% en 2010 y el 53% en 2011. Las diligencias de investigación habituales que practica la AEPD en estos casos consisten básicamente en sendas solicitudes de información al fichero de solvencia patrimonial y crédito (generalmente remitida mediante fax) y al denunciado con el fin de solicitar al primero que informe sobre la existencia de datos del denunciante en sus diferentes ficheros (actuales o pasados), así como las consultas realizadas sobre los mismos y al segundo todos los datos que posea sobre aquél, así como la razón de la posesión de esos datos y el motivo por el que se incluyó en el fichero de solvencia patrimonial y crédito.

A pesar de la sencillez de dichos procedimientos (como norma general y salvo excepciones, evidentemente) las actuaciones previas a la apertura del PS se alargaron durante un promedio de 439 días en 2009, 363 en 2010 y 336 en 2011 (Dato extraído del estudio realizado sobre 180 procedimientos de 2009, 2010 y 2011 en los que se cita como infringido el artículo 4 de la LOPD sólo o con otros preceptos) y ello nos lleva al verdadero nudo gordiano que no es otro que, a 2011, indudablemente sigue siendo en mi opinión un excesivo tiempo el que tarda la AEPD en finalizar unas diligencias de investigación relativamente sencillas en uno de los tipos de procedimiento más comunes que año tras año conoce la Agencia… Aunque se siga estando por debajo de los doce meses de duración.


Áun con el tiempo transcurrido entre el post y la actualidad, creo que las cosas nunca cambian mucho.

Acerca de Nacho San Martin

Soy abogado, de los que están al otro lado de muchos de vosotros. Abogado de empresa... pero sigo siendo abogado igualmente. Me gustan muchísimas cosas, así que, quizá deje que vuelen por aquí al margen del Derecho. Tengo una máxima, una del gran Vince Lombardi: "Los momentos más oscuros de nuestras vidas no deben ser ni enterrados ni olvidados; más bien son un recuerdo que debe permanecer para servir de inspiración y recordarnos la fortaleza del espíritu humano y nuestra capacidad para soportar lo intolerable."
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